¿Qué cambia en 2025 con la nueva Ley de Movilidad Sostenible en España?
España está dando un paso importante hacia una movilidad más eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente. La Ley de Movilidad Sostenible, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, marca un antes y un después en la manera en que el país entiende el transporte, tanto público como privado.
El objetivo de esta nueva normativa es, entre otros, convertir la movilidad en un derecho y no simplemente en un medio de desplazamiento, con el objetivo de asegurar que todos los ciudadanos puedan moverse de forma accesible, segura y sostenible, independientemente de dónde vivan.
Un marco legal para un cambio necesario
La Ley de Movilidad Sostenible llevaba años en preparación. Tras varios borradores y un proceso de debate que involucró a administraciones, empresas y organizaciones sociales, la norma finalmente ha visto la luz en 2025.
El texto busca establecer un marco común de actuación para todas las administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales, en materia de movilidad. La meta es coordinar políticas y recursos para reducir emisiones, mejorar el transporte público y promover el uso de tecnologías limpias y digitales.
En palabras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la ley “responde a una necesidad real de planificación y cohesión en la movilidad del país” y pone el foco en la sostenibilidad, la digitalización y la seguridad vial.
¿Cuáles son las principales novedades de la Ley de Movilidad Sostenible?
El derecho a la movilidad: por primera vez, se reconoce de forma explícita el derecho de todas las personas a desplazarse de manera sostenible, asequible y segura, y eso implica que las administraciones deben garantizar opciones de transporte accesibles, sobre todo en zonas rurales o con menos recursos.
Planes de movilidad obligatorios para empresas: las empresas con más de 500 empleados o con gran afluencia de visitantes deberán elaborar planes de movilidad sostenible. Esos documentos incluirán medidas para fomentar el transporte público, el coche compartido o la movilidad activa (bicicleta, caminar, etc.).
Datos abiertos y digitalización: la norma impulsa la creación de una Plataforma Estatal de Datos de Movilidad, que permitirá compartir información en tiempo real sobre transporte público, tráfico o calidad del aire.
Zonas de bajas emisiones y transporte público limpio: la ley refuerza la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes y fomenta la renovación de flotas públicas con vehículos eléctricos, híbridos o de bajas emisiones.
Infraestructuras más sostenibles: se revisará el mapa concesional de transporte interurbano, con el fin de optimizar rutas y evitar duplicidades. Además, se priorizará la inversión en infraestructuras que reduzcan la huella de carbono.
¿Qué supone para empresas, administraciones y ciudadanos?
Para las empresas, la ley representa tanto un reto como una oportunidad. Los planes de movilidad laboral ayudarán a mejorar la eficiencia y reducir costes, pero requerirán un esfuerzo inicial en planificación, incentivos al transporte compartido o habilitación de infraestructuras de carga eléctrica.
Las administraciones públicas tendrán el desafío de coordinar sus políticas. El Estado marcará las directrices generales, pero serán los ayuntamientos y las comunidades autónomas quienes deban aplicar muchas de las medidas y adaptarlas a sus necesidades.
Para los ciudadanos, la norma promete una movilidad más cómoda, económica y verde. Se espera un mayor acceso al transporte público, más servicios digitales y una red de desplazamientos urbanos menos contaminante y más segura.
¿Cuáles son los retos pendientes?
Aunque el texto legal es ambicioso, su aplicación real no será sencilla. La falta de infraestructuras eléctricas suficientes, los costes de renovación de flotas y la desigualdad territorial entre grandes ciudades y zonas rurales son algunos de los principales obstáculos.
También existen dudas sobre la financiación ya que muchas de las medidas dependen de la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y del uso eficiente de los fondos europeos.
Algunos empresarios del sector del transporte han pedido además que la ley sea más flexible y tenga en cuenta la realidad de pequeñas y medianas empresas, así como de autónomos del sector logístico o del transporte interurbano.
La Ley de Movilidad Sostenible supone un avance importante para España. Coloca la movilidad en el centro de la agenda política y económica y la integra con los objetivos de descarbonización y modernización del país.
No obstante, su éxito dependerá de la colaboración entre todos los actores como las administraciones, empresas y ciudadanos. No basta con legislar; será necesario invertir, innovar y educar para que la movilidad sostenible se convierta en una realidad cotidiana, por lo que en líneas generales, 2025 puede ser el punto de partida hacia una nueva manera de moverse en España de manera más limpia, digital y humana.
Oriol Lorente.
