IRU pide ajustes a la Ley de Aceleración Industrial para no penalizar al transporte por carretera
IRU ha presentado su posición sobre la propuesta de Ley de Aceleración Industrial de la Comisión Europea, un marco con el que Bruselas quiere reforzar la base industrial de la Unión Europea, reducir dependencias estratégicas y acelerar la inversión en tecnologías limpias y capacidad de fabricación en sectores clave.
La organización comparte el objetivo de impulsar la competitividad industrial europea y avanzar en la descarbonización. No obstante, advierte de que el texto actual necesita mejoras prácticas para evitar efectos no deseados sobre el transporte comercial por carretera, sobre todo en lo relativo a costes, carga administrativa, seguridad jurídica de las inversiones y acceso a vehículos eléctricos.
La propuesta contempla medidas para facilitar proyectos industriales estratégicos, zonas dedicadas a la aceleración industrial, apoyo financiero específico y criterios de compra pública orientados a reforzar las cadenas de valor europeas. En el caso del transporte por carretera, el impacto llegaría a través de los contratos públicos y las ayudas públicas vinculadas a vehículos eléctricos que deberían cumplir determinados criterios de “origen en la Unión” o “Hecho en Europa”, con algunas excepciones.
Para IRU, esta orientación puede generar incertidumbre entre los operadores que ya están invirtiendo en flotas eléctricas bajo las condiciones actuales del mercado. La directora de IRU para la UE, Raluca Marian, ha señalado que la fecha límite propuesta para 2035 plantea dudas sobre si esos vehículos seguirán siendo válidos para futuros contratos de servicio público.
Marian también ha advertido de que retirar de forma anticipada vehículos que todavía están en perfecto estado de funcionamiento generaría activos obsoletos, elevaría los costes y chocaría con los principios de la economía circular.
La organización subraya que la asequibilidad es un elemento decisivo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas de transporte. Si los requisitos de origen europeo se aplican sin suficiente flexibilidad, el precio de adquisición de los vehículos eléctricos podría aumentar y dificultar la transición para muchos operadores.
IRU considera que las medidas de preferencia europea deben diseñarse de forma que mantengan el equilibrio del mercado y tengan en cuenta la realidad de quienes compran vehículos eléctricos: precios, disponibilidad de producto, plazos de entrega, posibles retrasos y calendario de aplicación. De lo contrario, las medidas pensadas para reforzar la fabricación europea podrían reducir la competencia y limitar la capacidad de actuación de autoridades y operadores en la contratación pública.
El documento de posición también reclama una mejor integración de las terminales de transporte y una mayor conectividad entre las zonas de aceleración industrial. Para IRU, unas conexiones de transporte eficientes son imprescindibles para que la Ley de Aceleración Industrial cumpla sus objetivos de competitividad y descarbonización.
“La Ley de Aceleración Industrial puede respaldar tanto las ambiciones industriales de la UE como la descarbonización del transporte, pero solo si funciona en la práctica para los operadores de transporte por carretera”, ha señalado Raluca Marian. “El marco final debe reflejar la realidad del mercado y garantizar que la transición siga siendo viable, asequible y competitiva”.
IRU continuará trabajando con los responsables políticos europeos para que la legislación final combine el refuerzo industrial de la Unión Europea con una transición realista y económicamente viable para el transporte por carretera.
