El pago a transportistas alcanza mínimos históricos con una media de 60 días en junio
El sector del transporte por carretera en España sigue mostrando signos positivos en cuanto al cumplimiento de los plazos de pago. Según los últimos datos del Observatorio permanente de la morosidad, elaborado por FENADISMER en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, el mes de junio cerró con una media de pago de 60 días y mantuvo la mejora registrada ya en mayo, un resultado que representa un récord histórico desde que se tienen registros y confirma la tendencia descendente iniciada tras la entrada en vigor del régimen sancionador contra la morosidad en 2021.
Desde entonces, los plazos medios se han reducido en 23 días, lo que supone una mejora del 30% en solo tres años, una evolución que ha sido posible, en gran medida, gracias al refuerzo de las labores de inspección y vigilancia del cumplimiento normativo por parte de las autoridades competentes.
No obstante, el problema no está completamente resuelto. A pesar del avance, todavía un 47% de las empresas que contratan servicios de transporte, ya sean cargadores o intermediarios, siguen incumpliendo la legislación vigente en materia de plazos de pago. En la mayoría de los casos, el retraso es leve y es que el 77% de las operaciones fuera de plazo se sitúan entre los 60 y 90 días. Aun así, todavía un 7% de los incumplidores abonan los servicios con demoras superiores a los 120 días.
En lo que respecta a los métodos de pago más utilizados, la transferencia bancaria continúa siendo la forma predominante, empleada en el 66% de los casos. Le siguen el confirming (29%), el pagaré (5%) y el cheque, que ya apenas representa el 1% de los pagos.
¿Qué sucede a nivel europeo?
Mientras tanto, en el ámbito europeo, sigue pendiente la aprobación definitiva del nuevo Reglamento sobre morosidad, impulsado por el Parlamento Europeo. La norma propone, entre otras medidas, reducir el plazo máximo de pago a 30 días y establecer sanciones comunes para todos los sectores económicos. No obstante, su tramitación se encuentra bloqueada por la falta de consenso entre los Estados miembros y la actual presidencia danesa del Consejo de la UE no la ha incluido entre sus prioridades para este semestre.
